La memoria del plebiscito y sus antecedentes borrados

La entrevista de Yaima Pardo a Rosa María Payá, difundida por Martí Noticias el 16 de junio de 2026, reaviva un debate que no es sólo político, sino también historiográfico: cómo se narra el origen de ciertas iniciativas cívicas dentro de la oposición cubana y qué episodios previos quedan fuera de ese relato. En el intercambio, Rosa María Payá atribuye a su padre una confianza excepcional en la capacidad del pueblo cubano para firmar, con nombre, dirección y carné de identidad, una petición dirigida al poder de facto. Esa descripción, sin embargo, no agota la historia de las iniciativas plebiscitarias promovidas contra el sistema totalitario cubano. [martinoticias] 

Ya en 1988, el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (PPDHC) había impulsado una propuesta de plebiscito con respaldo organizativo suficiente para reunir más de 10,500 firmas, según consta en el testimonio de Ariel Hidalgo. El fragmento aportado por su libro Disidencia: ¿Segunda Revolución Cubana? registra una lista de 10,582 afiliados, dato que confirma la envergadura del esfuerzo y su carácter previo a otras campañas posteriores. [disidencia2da.rev.cu / p.146]

Un antecedente de 1988

La relevancia de ese episodio no reside únicamente en la cifra, sino en su significado político. El PPDHC presentó su propuesta como una vía de participación ciudadana y exigencia de derechos dentro del marco institucional disponible, lo que convierte ese antecedente en una pieza importante para comprender la evolución de las tácticas opositoras en Cuba. En términos históricos, el Proyecto Varela no puede ser examinado como un fenómeno aislado ni como la primera vez que la oposición intentó articular una demanda plebiscitaria. [disidencia2da.rev.cu / ps.147-149]

A diferencia del PPDHC, cuya base afiliativa permitió que la propia organización reuniera las firmas necesarias entre sus miembros, el Movimiento Cristiano Liberación no disponía de una membresía amplia y cohesionada comparable. Por ello, la campaña asociada al Proyecto Varela dependió de un esfuerzo más heterogéneo, apoyado en activistas, redes solidarias y otras organizaciones para alcanzar el mínimo legal de 10 mil firmas exigido por la normativa vigente. Esa diferencia organizativa no invalida el significado político de la iniciativa de Payá, pero sí ayuda a comprender que no partió de las mismas condiciones de apoyo interno que el plebiscito promovido por el PPDHC. [disidencia2da.rev.cu / ps.184-185]

La represión de 1989

A ello se suma un hecho particularmente ilustrativo. El 23 de marzo de 1989, fuerzas de la Seguridad del Estado o del G-2 realizaron un registro en la vivienda de la pareja Manuel y Lidia González, ubicada en Reina esquina a Lealtad, en Centro Habana, sin presentar la orden judicial correspondiente. Según el Archivo del Buró de Información del Movimiento Cubano de Derechos Humanos, en esa intervención "ocuparon todas las máquinas de escribir y los archivos con los extensos listados de firmas en pro del plebiscito". [disidencia2da.rev.cu / ps.156-157]

Ese dato resulta importante porque muestra que la respuesta estatal no fue simplemente administrativa o burocrática, sino abiertamente represiva. La confiscación de materiales de trabajo y de los listados de firmas evidencia el interés del aparato de seguridad en interrumpir la articulación de una iniciativa política que buscaba formalizarse por vías cívicas. El episodio confirma, además, que el plebiscito del PPDHC no fue una ocurrencia marginal, sino una acción sometida a vigilancia y represión directa. Por ejemplo, la familia González fue condenada en un juicio amañado a las siguientes sanciones: Manuel González, padre, y su hijo de igual nombre a un año y seis meses de prisión; Lidia González, esposa de Manuel, a nueve meses de prisión; e Isis Pérez, esposa de Manuel hijo, a 300 pesos de multa. Los hombres cumplieron su condena en la prisión de mayor rigor Combinado del Este y Lidia en la cárcel de mujeres Manto Negro. [disidencia2da.rev.cu / ps.156-157]

El intento de 1991

Más adelante, en 1991, Oswaldo Payá intentó recoger firmas para un plebiscito a partir de su plan "Diálogo Nacional", concebido como la antesala de una "Mesa Redonda" con participación de representantes de la oposición y de la propia dictadura, con vistas a acordar un proceso de transformaciones hacia la democracia. Según el testimonio citado, la reacción del régimen fue igualmente represiva: se enviaron fuerzas al domicilio de Payá en la barriada de El Cerro, La Habana, donde se encontraba Dagoberto Capote Mesa realizando la recogida de firmas. Capote Mesa fue golpeado y arrastrado hasta la estación policial mientras los agentes destruyeron muebles y vandalizaron la fachada de la vivienda de Payá pintando letreros peyorativos contra él y favorables al régimen. La turba represiva también se llevó las firmas ya colectadas. [disidencia2da.rev.cu / ps.273-275]

Ese episodio ayuda a colocar en perspectiva la posterior narrativa sobre el Proyecto Varela. La trayectoria de Payá no puede leerse sin reconocer que antes de 1998 ya había intentado una estrategia plebiscitaria, y que esa estrategia, a su vez, se inscribía en una secuencia anterior de esfuerzos opositores por recurrir a procedimientos ciudadanos de demanda política. En otras palabras, el valor histórico de Payá no desaparece, pero sí queda mejor definido cuando se entiende como parte de una continuidad y no como una actuación única o sui géneris. [disidencia2da.rev.cu p.128]

Continuidades de la oposición cívica

La omisión de estos antecedentes no favorece ni a la verdad histórica ni a la causa de la libertad. Al contrario, reduce la complejidad del proceso opositor cubano y empobrece el reconocimiento debido a quienes, desde distintos espacios y momentos, enfrentaron el autoritarismo con métodos no violentos. Tanto el PPDHC en 1988 como el intento de 1991 muestran que la idea de movilizar firmas para promover un plebiscito ya formaba parte del repertorio cívico opositor antes de que el Proyecto Varela adquiriese proyección internacional. [proyectovarela]

Desde una perspectiva académica, el punto central no es disputar protagonismos sino restituir cronologías. Y desde una perspectiva ética, el problema es aún más claro: ninguna causa democrática se fortalece cuando se edifica sobre silencios selectivos. La memoria histórica de la oposición cubana requiere reconocimiento de antecedentes, respeto por la secuencia real de los hechos y disposición a admitir que la lucha por el cambio fue, y sigue siendo, un proceso plural. [memoriahistorica]

#

Referencia

Hidalgo, A. (1994). Disidencia: ¿Segunda Revolución Cubana? Ediciones Universal.